escúchalo a uno punto cinco (1,5) acelerado
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En el ámbito empresarial, uno de los retos más significativos podría ser la gestión de los “cálculos fiscales estructurales”, un concepto que aborda la complejidad de las inspecciones fiscales y su impacto en el futuro de las empresas, empresarios y autónomos.
La pregunta es: ¿deberían los inspectores fiscales y la hacienda pública considerar el impacto de las sanciones en las empresas, sus propietarios y autónomos a la hora de realizar sus inspecciones?
Primero, consideremos la situación desde el punto de vista de la continuidad empresarial. Una sanción fiscal elevada puede comprometer seriamente la viabilidad de una empresa, llevando al empresario a tomar decisiones drásticas, como reducir la plantilla o incluso concursar la empresa.
Esto no solo afecta al empresario y a sus empleados, sino también a la recaudación futura del Estado, ya que una empresa que cierra deja de contribuir al erario público.
Por otro lado, está la cuestión de la “fuga fiscal”, donde empresarios y autónomos, ante la presión de elevadas cargas tributarias y sanciones, optan por trasladar sus operaciones a jurisdicciones con regímenes fiscales más favorables.
Esta tendencia no solo reduce la base impositiva del país, sino que también puede desencadenar una carrera en términos de políticas fiscales globales, donde los países compiten por atraer empresas mediante la oferta de condiciones tributarias ventajosas.
Entonces, ¿qué solución podría poner el concepto de “cálculos fiscales estructurales”?
En lugar de enfocarse únicamente en el cumplimiento punitivo, la hacienda pública podría adoptar un enfoque más holístico y estratégico. Algo que parece impensable dado que la inspección no tiene ninguna responsabilidad por las acciones llevadas a cabo.
Esto implicaría evaluar el impacto a largo plazo de las sanciones fiscales, no solo en términos de recaudación inmediata, sino también considerando la salud y sostenibilidad de la base impositiva futura.
En la práctica, esto podría traducirse en políticas que fomenten la transparencia y la cooperación entre las empresas y la hacienda pública.
Por ejemplo, en lugar de imponer sanciones que puedan comprometer la supervivencia de una empresa, se podrían explorar acuerdos de pago o planes de regularización, todavía mas favorables a los actualmente existentes, que permitan a la empresa ajustarse gradualmente a las normativas fiscales sin poner en peligro su operatividad o la de sus empleados.
Adoptar un enfoque de “cálculos fiscales estructurales” no solo beneficiaría a las empresas, permitiéndoles continuar operando y contribuyendo al fisco, sino que también ofrecería a la hacienda pública una estrategia más eficaz y sostenible a medio y largo plazo.
Este enfoque equilibrado podría ser el camino a seguir para garantizar que tanto las necesidades de recaudación del Estado como la salud de su tejido empresarial sean satisfechas de manera justa y equitativa.
MGC
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